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Caudillos federales: el grito del interior

Tras la conquista de la independencia, Buenos Aires consolidó su hegemonía política y económica sobre el resto del país. El puerto y la aduana recaudaban, pero no compartían; las facilidades impositivas y financieras que el gobierno central otorgaba a sus aliados comerciales hundían a las economías provinciales. Al tiempo que la ciudad-puerto buscaba mirarse en el espejo de Europa, en las provincias la tradición criolla echaba raíces profundas.

Ni ángeles ni diablos, los caudillos fueron hombres de sus provincias que supieron encarnar los sentimientos y las convicciones de sus pueblos y encabezar la lucha contra el avasallamiento de la oligarquía porteña, expresado tanto en sus disposiciones políticas y económicas como en su presencia militar.

La historia oficial, esa que escribieron los vencedores, los tachó de 'bárbaros', 'atrasados', 'ignorantes'. Pero Pacho O´Donnell demuestra en estas páginas, de manera concluyente, que Artigas, Güemes, Ramírez, López, Bustos, Quiroga, Aldao, Ibarra, Peñaloza, Várela y Urquiza fueron en realidad personajes fascinantes, que supieron ganarse la devoción de los suyos encabezando la lucha contra el verdadero significado del 'progreso' proclamado por los porteños: ese que iba inevitablemente asociado con la postergación y la ruina del interior.

 

Fragmento: "El caudillismo federal" (Cap. 1)

Cuando se produjo la Revolución de Mayo los “notables” o “decentes” de Buenos Aires se consideraron herederos naturales y únicos del puerto, es decir de las rentas que producía su Aduana, los únicos ingresos significativos de las flamantes Provincias Unidas del Río de la Plata, como entonces se llamaba a lo que a la larga sería nuestra Argentina. 

Concebían a Mayo como un movimiento municipal al que debían integrarse las demás provincias, cuyos habitantes eran considerados por la dirigencia porteña como “bárbaros”, condenados a la ignorancia por los largos años de despiadada colonización, por lo que su único aporte reconocible era constituir la soldadesca de los ejércitos patriotas pero negándoles en la práctica toda capacidad estratégica o intelectual. Salvo aquellos provenientes de la clase dominante provincial como el del cordobés deán Funes, en un principio, o del puntano Pueyrredón, poco más adelante, quienes terminaron “aporteñándose”, absorbidos por los tejes y manejes de los logistas (integrantes de la sociedades secretas ligadas a la masonería), de los rivadavianos (unitarios luego rebautizados liberales –lo eran en lo económico pero autoritarios en lo político–) o de los directoriales (partidarios de la autoridad única y supraprovincial del Director Supremo).

En consecuencia para muchos, que comenzaron a identificarse como “unitarios”, la idea de la construcción del concepto de nación y la necesaria eficiencia revolucionaria para consolidarla estaban unidas a la “inevitabilidad” del poder político centralizado en una casta de “posibles” porteños y sus asociados del interior. La oposición a esta actitud, perjudicial para los intereses de las provincias y principalmente de sus sectores populares, plasmó en una tendencia política, en una serie de principios que constituyeron el “federalismo” o doctrina de los estados libres en un estado nacional no centralizado políticamente. En íntima relación con este surgimiento se asocia la figura de los caudillos cuyo liderazgo surgía naturalmente de una plebe que se sentía representada por ellos.

El puerto no sólo recaudaba y no compartía sino que a su antojo podía disponer que los productos importados no pagasen impuestos con lo que perjudicaba a las artesanías e industrias provinciales. El Gobierno de Buenos Aires, presionado por los ingleses y los comerciantes, autoriza en 1811 la libre exportación de oro y de plata amonedados. Esta medida no sólo descapitaliza al país, sino que eleva los precios de los artículos de consumo. Ya en el primer Triunvirato, cuyo inspirador es su secretario Rivadavia, se permitirá el ingreso al país del carbón europeo, se rebajarán los derechos aduaneros para los tejidos extranjeros y se abrirán las puertas de la aduana a numerosos artículos que entraban en competencia ruinosa con los productos de nuestras industrias territoriales. Los comerciantes extranjeros eran, a su vez, igualados en derechos con los comerciantes criollos. Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires y del poder económico del puerto sobre el Interior. Mayo había sido copada por los oligarcas iluminados de Buenos Aires, identificados con los intereses del imperio británico.

Un poncho inglés de libre importación, por ejemplo, costaba tres pesos mientras el mismo artículo elaborado en telares criollos alcanzaba los siete pesos. Si una vara de algodón británico se compraba a un real y medio, el chaqueño o misionero a dos y tres cuartos. “Los productos de las ferreterías de Sheffield, de las alfarerías de Worcester y Staffordshire y de los telares de Manchester inundaban irresistiblemente el mercado argentino, con la imitación exacta y estandarizada de los artículos criollos” (J. Álvarez).

Esta circunstancia no era nueva, se arrastraba desde la época de la colonia, como lo demuestra una carta del síndico del Consulado, Yánez, al virrey Cisneros, en 1809, alegando a favor del monopolio comercial de España y en contra de la libertad de comercio, rescatada por J. M. Rosa: “Sería temeridad querer equilibrar la industria americana (colonial) con la inglesa. Estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos, que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña, y también estribos de palo al uso del país. Los pueden dar mas baratos y por consiguiente arruinarán nuestras fábricas y reducirán a la indigencia a una multitud de hombres y mujeres que se mantiene con sus hilados y sus tejidos, en forma que donde quiera se mire no se verá mas que desolación y miseria”. Producida la Revolución de Mayo y el fin del dominio español, los “decentes” porteños no modificaron esta situación sino que sustituyeron a la metrópoli colonial que había concentrado la salida del comercio de todas las provincias en el puerto de Buenos Aires para de esa manera hacer más efectivo el control monopolista.

El caudillo era alguien investido de poder y prestigio por los suyos que reconocían en él a un líder que era capaz de conducirlos eficazmente en la lucha por intereses o principios que compartían. Nuestra historia liberal, plasmada por los unitarios vencedores en la guerra civil, los condenó al sótano de sus “malditos”, pintándolos como bárbaros, crueles e ignorantes, castigándolos en la memoria colectiva de argentinas y argentinos por su oposición a los “civilizados”, en la disyuntiva planteada con su habitual brutalidad semántica por Sarmiento. Lo cierto es que la escasa base económica de su accionar, por las razones apuntadas, hacía que la posibilidad de financiar sus montoneras y sus necesidades en armas, animales y bastimentos se basara en la imposición de fuertes contribuciones obligatorias en los territorios que dominaban, como así también al saqueo, que muchas veces funcionaba como la paga a sus hombres.

Pero su barbarie no sería mayor que la de sus enemigos, que también exprimían y saqueaban, y en algunos casos fueron insólitamente humanitarios, como haber conservado la vida de su principal enemigo, el jefe de la Liga Unitaria, José María Paz, luego de caer prisionero de Estanislao López, quien lo enviaría a Buenos Aires para que Rosas decidiese sobre su suerte.

La lucha de los unitarios de la ciudad-puerto que aspiraba a ser Europa contra los provincianos fuertemente arraigados en lo criollo tenía también claras connotaciones de lucha de clases, como lo atestiguaría el lúcido caudillo santiagueño Felipe Ibarra el 16 de julio de 1831 al justificar un impuesto a los “decentes” de la capital provincial “para hacer que la pensión gravite únicamente sobre personas que espontáneamente se prestaban a no omitir sacrificio alguno a fin de sostener la anterior administración, cuyo manejo abolía la justicia social y destruía la especie humana”. Todo indica que es esta la primera oportunidad en que en nuestra historia aparece el concepto de “justicia social”.

También Sarmiento, cuya condición de vocero implacable del porteñismo le ganaría el apodo de “profeta de la Pampa” a pesar de haber nacido en los Andes sanjuaninos, confirmaría el clivaje social de nuestras guerras civiles, en un discurso en el Senado en 1866: “Cuando decimos ‘pueblo’ entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota”. Eran los unitarios de siempre que por entonces se habían rebautizado como “liberales”, aunque su similitud con los liberales europeos se agotaba en lo económico por cuanto en lo político fueron violentos y tiránicos en la medida necesaria para imponer sus ideas y sus intereses.

Es cierto que algunos caudillos no brillaron por su formación cultural, tal el caso de Francisco Ramírez, quien por eso mismo, quizás, hizo de la educación una de sus grandes preocupaciones como gobernante. Otros como Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia eran militares de carrera, el segundo, además, graduado en leyes. La correspondencia de Juan Facundo Quiroga revela un espíritu sutil y una redacción refinada. Estanislao López estaba lejos de ser una inteligencia tosca y se propuso organizar institucionalmente su estado y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial, decididamente democrática y federal.

En 1819 el Congreso Nacional que sesionaba en Buenos Aires luego de trasladarse desde Tucumán, mientras enviaba emisarios secretos a negociar con el emperador portugués en Río de Janeiro la incorporación de las Provincias Unidas al Imperio, también a la corona francesa urdiendo la entronización de un príncipe europeo en el Río de la Plata, como lo veremos en otros capítulos de este libro.

Los caudillos no fueron ángeles ni diablos. Fueron personalidades capaces de encarnar el signo de su época: la oposición más o menos organizada de algunas provincias contra la obsesión porteña por enviar ejércitos que las sujetaran, por entronizar príncipes extranjeros, por dictar reglamentos y constituciones cuyo objetivo era acerar el privilegio de Buenos Aires y privar a los pueblos del Interior de alguna participación en los beneficios del puerto y su aduana, por ser indiferente al perjuicio que el libre comercio y la introducción sin recargos de mercadería industrializada en países europeos producía en las rústicas economías del Interior. También por considerarlos enemigos a destruir cualquier fuese el método, como fue desviar en su contra ejércitos armados para enfrentar a los realistas como fue el caso del caudillo salteño Miguel Martín de Güemes o llegar a inicuos acuerdos con el invasor portugués con tal de aniquilar al oriental José Gervasio de Artigas.

Este, ya anciano, al recibir en su retiro paraguayo de Curuguaty la visita del general José María Paz, le explicó su versión de la inquina porteña en su contra: “Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del Directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual sólo distaba un paso entonces del orden hispánico. Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada Estado su gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores, entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto era lo que había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus pro-cónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados del Congreso que los pueblos de la Banda Oriental habían nombrado, y poniendo precio a mi cabeza”.

Las caudillos provinciales vieron con claridad que la cuestión constitucional era un problema tanto económico como político y que mientras el Gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, e indirectamente de su dueña y rectora Gran Bretaña,  los postulados del interior estarían inevitablemente postergados ya que la superioridad de recursos fiscales, financieros y militares de Buenos Aires harían que su influencia predominase en cualquier tipo de Gobierno nacional. Por lo tanto, para que las provincias pudieran eludir esa dominación que no pocos consideraban aún peor que la ejercida por los españoles y lograr la autonomía que reclamaban con justicia, era inevitable la utilización de la fuerza.

Los años de anarquía y guerras fratricidas que se extendieron a lo largo de gran parte del siglo xix fueron de una extremada crueldad. Unitarios y federales saqueaban, torturaban, degollaban, empalaban. Ambos bandos hicieron una guerra sin prisioneros. Sin embargo, mientras algunos pasaron a la historia consagrada como “bárbaros”, tal el caso de Facundo Quiroga o “Pancho” Ramírez, otros, pertenecientes al bando triunfador que escribió la historia a su antojo, no perdieron su condición de “civilizados”, como José María Paz. Pero Domingo Arrieta –su oficial en la “campaña de la sierra” que sucedió a sus victorias sobre Quiroga, las que colocaron al unitarismo en posición ventajosa ante el federalismo– cuenta en sus Memorias de un soldado: “Mata aquí, mata allá, mata acullá, mata en todas partes, no había que dejar vivo a ninguno de los que pillásemos y al cabo de dos meses quedó todo sosegado”. Se calcula que fueron 2500 los muertos y desaparecidos en esta represión “civilizada”.

Tampoco Lavalle dejó fama de sanguinario. Sin embargo, es suya la proclama contra Estanislao López: “¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos! Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad”. También: “Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión”. Quien no puede quedar fuera de esta lista es Domingo Faustino Sarmiento, a quien se parcializa enalteciendo su meritoria vocación educativa. En 1840, en sus instrucciones a Lamadrid, quien había traicionado a la Confederación rosista pasándose al bando unitario, escribió: “Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre”. También: “A los que no reconozcan a Paz (jefe de la Liga Unitaria) debiera mandarlos ahorcar y no fusilar o degollar. Este es el medio de imponer en los ánimos mayor idea de la autoridad” (1845). La historia oficial escrita por los unitarios vencedores ha indultado a los suyos y cargado todas las tintas en sus adversarios…

En 1820 los porteños convocaron a San Martín y su ejército a atravesar Los Andes de regreso para aniquilar a los caudillos, sin parar mientes en que, si el Libertador hubiera obedecido, la campaña independista hubiese quedado trunca y la frontera oeste desguarnecida para el paso de los ejércitos realistas. Pero por entonces la oligarquía “decente” estaba más atenta a la perpetuación de su dominio que a concluir la guerra independista.  Nuestra historia oficial machaca con que don José no quiso inmiscuirse en las guerras civiles, pero la verdad es que lo que no quiso fue enfrentarse con los caudillos con cuyos postulados coincidía y con quienes sostenía una cálida epistolaridad. Ello, más su desobediencia, más su excelente relación con Juan Manuel de Rosas, mas su clara propensión hacia el federalismo, le ganaron muchos enemigos poderosos y lo obligaron a un destierro que duró hasta el fin de sus días.  

Las intenciones de los “posibles” de Buenos Aires son claras en la historia argentina escrita por Vicente F. López, junto a  Bartolomé Mitre nuestros historiadores fundacionales. Señala que San Martín, “preocupado sólo por la revolución hispanoamericana” (sic del autor), no advertía “el peligro” de los caudillos y montoneras del litoral: “Para él, la insurrección descomunal de las masas litorales, la prepotencia de los caudillos sanguinarios y voraces o retardatarios que las enardecían, como Artigas, Ramírez y López, era nada más que “una simple y efímera guerra civil en la que sería vergonzoso” (sic de V. F. López) ) que tomase parte él o su ejército en defensa de uno de los partidos. En verdad la teoría era tanto más extraña y sorprendente –continúa López– cuanto que uno de esos dos partidos era nada menos que el organismo constitutivo de la nación, con su gobierno culto, y el otro, un alboroto incoherente y caótico, de masas desorganizadas, sin más bandera que el desorden bajo el imperio arbitrario, personalísimo y eventual de caudillos sin cultura, sin misión y sin fines determinados. Agrega que en su deseo de no deshacerse de parte de su fuerza militar, San Martín pretendía que los dos partidos (como él los llamaba) arreglasen una base conciliatoria, entre el gobierno de la ley y las bandas de forajidos que producían el desequilibrio social –remataba el historiador– como si fuese posible apaciguar y coordinar a autoridades y leyes, con ímpetus automáticos y brutales que surgen del tenebroso seno de las masas”.

En otra página puede leerse: “Los caudillos provinciales que surgieron como la espuma que fermentaba de la inmundicia artiguista eran jefes de bandoleros que segregaban los territorios donde imperaban a la manera de tribus para mandar y dominar a su antojo, sin formas, sin articulaciones intermedias, sin dar cuenta a nadie de sus actos y constituirse en dueños de vidas y haciendas”.
Los caudillos y  los gauchos, negros e indios que los seguían estaban enraizados en el suelo de sus antepasados, se emocionaban y se indignaban con esa emoción que, incipiente aún, se llamaba patriotismo, leales a las tradiciones criollas, hispánicas y cristianas, que los hacían desconfiar de los porteños que identificaban civilizar con desnacionalizar, y progresar con pensar y actuar como colonizadores extranjeros.     

Ello fue claro cuando San Martín pidió ayuda a Rivadavia y los suyos para culminar la epopeya independista americana derrotando a los realistas en Perú. Su delegado De la Fuente, quien no sólo no recibió la ayuda solicitada sino que fue maltratado por el fatuo Rivadavia, quien regía la política del puerto, por lo que el Libertador encarga dicha tarea a Güemes y a Bustos. A su vez, este se ocupa de interesar en el proyecto al gobernador de Santa Fe, Estanislao López: “Ya habrá usted recibido comunicaciones del Protector del Perú y por ellas sabrá el destino a que nuevamente nos llama la Patria. Yo no omito sacrificio, por mi parte y el de esta provincia, para llevar a cabo la empresa (…) y aportaré mil hombres armados (…) contando con lo que faciliten los pueblos de Santiago, Tucumán, Salta y los del Perú, mas para esta campaña faltan recursos que es indispensable recabar del Gobierno de Buenos Aires”. Por su parte, López le contesta a De La Fuente apoyando la idea y se compromete, si Buenos Aires franquea los recursos necesarios, a tener seguro que “doscientos o trescientos hombres de caballería escogida (…) tendrían el honor de aumentar las filas de los defensores de la causa sagrada”. A su vez, desde Salta, Gorriti compromete trescientos hombres. Pero el proyecto no prosperaría porque si bien estaban los hombres aportados por las provincias federales nada sería posible sin los fondos que negó Buenos Aires.

Se ha criticado a los caudillos por haber sido, según la historia escrita por sus vencedores, partidarios del “atraso”. Es que para ellos y sus seguidores el “progreso” de la oligarquía comercial estaba asociado inevitablemente a beneficios para Buenos Aires y postergación para las provincias. En cifras, este panorama demográfico era el siguiente: en 1819 la provincia de Buenos Aires tenía 125.000 habitantes, Córdoba 75.000, Santiago 60.000 y Salta 50.000. Pero donde la desproporción se tornaba evidente era en materia económica: en 1824 los ingresos fiscales de Buenos Aires fueron de $ 2.596.000, de los cuales provenían de la aduana $ 2.033.000. En cambio, Córdoba, la segunda provincia argentina, tenía ese mismo año ingresos por $ 70.200, de los cuales su aduana proveía $ 33.438. Para San Juan las cifras eran de $ 20.000 y $ 3800, respectivamente, y Tucumán recaudaba $ 22.115 que sólo cubrían el 66% de sus gastos.

No han cambiado demasiado las cosas desde entonces, aunque desde la organización nacional de 1853 y la capitalización de 1880, el centralismo fue ejercido, ya no por la provincia de Buenos Aires, sino por el presidencialismo instalado, no casualmente, a orillas del río de la Plata.

La desnacionalización abarcó también lo cultural. Para los ‘“alumbrados” del puerto, lectores y repetidores de Rousseau, de los enciclopedistas franceses, de Voltaire, antecesores directos del canon intelectual de hoy, su compromiso con la civilización era admirar lo europeo y denostar lo nacional, en dirección contraria a lo que postulaba el gran Belgrano en su reglamento escrito para la escuelas que donara para las tierras pobres del noroeste argentino: “Estimar en más la calidad de americano que la de extranjero”.

Es sabido que una de las acciones emprendidas por todo imperio que invade y domina a una nación más débil es sustituir su cultura por la propia. Esos hicieron los españoles con los aztecas, los ingleses con los hindúes, los rusos con los lituanos. También la burguesía comercial porteña con los hombres y mujeres de la tierra, los sectores populares de los suburbios de la ciudad y de las provincias, la plebe criolla de gauchos, mulatos, indios, a los que se persiguió y aculturizó como si se tratara de una nueva colonización al servicio de los codicias imperiales, no ya de España con la que se tenía una dependencia formal, sino ahora con Gran Bretaña, dominadora virtual, también Francia.  

La orientación de los “doctores” del puerto que privilegiaban lo europeo sobre lo criollo lo demuestran los despectivos juicios de Sarmiento sobre la casa de Rosas en Palermo, una construcción de estilo colonial argentino, a la manera de un casco de estancia, que fuera dinamitada un 3 de febrero de 1899, lejano aniversario de la batalla de Caseros: “(…) ¡Y ojalá que el tirano hubiera sido el hijo de una sociedad culta como Luis XIV, habría realizado grandes cosas! Rosas realizó cosas pequeñas, derrochando tiempo, energía, trabajo y rentas, en adquirir las nociones más sencillas de la vida, de que carecía.

“La casa de Palermo tiene sobre la azotea muchas columnitas, simulando chimeneas (N. del A.: burlona descripción del interesante estilo colonial argentino). En lugar de tener exposición al frente por medio de un prado inglés con sotillos de árboles está entre dos callejuelas, como la esquina del pulpero de Buenos Aires (…) Manuelita no tenía una pieza donde durmiese una criada cerca de ella, los escribientes y los médicos pasaban los días y las noches sentados en aquellos zaguanes o galpones, y la desnudez de las murallas, la falta de colgaduras, cuadros, jarrones, bronces y cosa que lo valga, acusaban a cada hora la rusticidad de aquel huésped, por cuyas manos han pasado, suyo, ajeno o del Estado, cien millones de pesos en veinte años (N. del A.: ¿reprochaba Sarmiento al Restaurador no haber sido corrupto? ¿practicar la austeridad y la sencillez?).

“Cuando Rosas haya llegado a Inglaterra y visto a cada arrendador de campaña, farmer, rodeado de jardines y bosquecillos, habitando cottages elegantes amueblados con lujo, aseo y confort, sentirá toda la vergüenza de no haberle dado para más su caletre que para construir Palermo (N. del A.: es decir: para preferir la arquitectura y la decoración criollas). ¡Oh! ¡Cómo va a sufrir Rosas en Europa de sentirse tan bruto y tan orgulloso!” (“Campaña en el Ejército Grande”).

Pero la europeización civilizadora, la iluminacióna gas, las escuelas lancasterians, la universidad, las costumbres ajenas,  alcanzaba sólo a Buenos Aires. A eso se refirió el caudillo catamarqueño Felipe Varela en su Manifiesto de Potosí: “La Nación Argentina goza de una renta de diez millones de duros que producen las provincias con el sudor de su frente. Y sin embargo, desde la época en que el gobierno libre se organizó en el país, Buenos Aires, a título de Capital, es la provincia única que ha gozado del enorme producto del país entero, mientras que a los demás pueblos, pobres y arruinados, se hacía imposible el buen quicio de las administraciones provinciales por la falta de recursos (…) A la vez que los pueblos gemían en esta miseria, sin poder dar un paso por la vía del progreso a causa de su escasez, la orgullosa Buenos Aires botaba ingentes sumas en embellecer sus paseos públicos, en construir teatros, en erigir estatuas, y en elementos de puro lujo”.

Si algo caracterizó a los caudillos federales fue su popularidad entre los humildes, aquello que los graduó de “malditos”para la posteridad, esa ciega fe de sus montoneras que atacaban en “montón”, de allí su nombre, que les permitió enfrentar muchas veces con éxito, en alborotado remolino de chuzas y lanzas, a ejércitos regulares de superior número, disciplina y armamento. Era la devoción de quienes se sentían comprendidos por su jefe, seguros de que interpretaba sus esperanzas como nadie y que dar la vida por él era, ni más ni menos, jugarse por lo que daba sentido a sus vidas.

El “Chacho” Peñaloza, un caudillo tardío que sería asesinado y decapitado a instancias del “civilizador” Sarmiento, escribirá al doctor Marcos Paz, vicepresidente en ejercicio de la presidencia en reemplazo de Mitre que guerreaba en el Paraguay: “Esa influencia, ese prestigio (de mis hombres) lo tengo porque como soldado he compartido al lado de ellos por espacio de 43 años, compartiendo con ellos los azares de la guerra, los sufrimientos de la campaña, las amarguras del destierro y he sido con ellos más que jefe, un padre que (he) mendigado el pan del extranjero prefiriendo sus necesidades a las mías y propias. Y por fin, porque como Argentino y como Riojano he sido siempre el protector de los desgraciados, sacrificando lo último que he tenido para llenar sus necesidades. Así es, señor, como tengo influencia y mal que (les) pese la tendré”. Razón tenía Arturo Jauretche cuando decía que el “caudillo era el sindicato del gaucho”.

Los “notables” de Buenos Aires y sus aliados porteñistas en las provincias les temían y los combatían como siempre harían de allí en más los sectores dominantes contra los movimientos populares y sus abanderados. Lo habían hecho también los antiguas colonizadores españoles cuando aniquilaron las sublevaciones de Juan Calchaquí y Juan Viltipoco. También se encargarán de menospreciarlos: “¿Por qué pelean los anarquistas? ¿Quiénes son ellos? (…) Los federalistas quieren no sólo que Buenos Aires no sea la capital, sino que como perteneciente a todos los pueblos divida con ellos el armamento, los derechos de aduana y demás rentas generales: en una palabra, que se establezca una igualdad física entre Buenos Aires y las demás provincias, corrigiendo los consejos de la naturaleza que nos ha dado un puerto y unos campos, un clima y otras circunstancias que le han hecho físicamente superior a otros pueblos (…) El perezoso quiere tener iguales riquezas que el hombre industrioso, el que no sabe leer optar por los mismos empleos que los que se han formado estudiando, el vicioso disfrutar del mismo aprecio que el hombre honrado (…) No negamos que la federación absolutamente considerada sea buena; pero los que sostienen que relativamente a nuestras provincias es adoptable, y sin inconvenientes deben manifestarnos los elementos con que cuentan para la realización de su proyecto” (Gazeta de Buenos Ayres, 15 de diciembre de 1819).

La denominación de “anarquistas” les era dada porque se oponían a la ley del puerto, por eso nuestra historia oficial, hoy historia “social”,  ha insistido con que los caudillos eran bárbaros que no sólo se oponían a la civilización, tal como los unitarios rebautizados “liberales” la entendían, sino que eran enemigos de la organización nacional. Lo cierto es que rechazaban una institucionalización política a la medida de los intereses porteños asociados con los de los poderosos de afuera que siempre habían sido contradictorios con los provinciales. “El federalismo rosista construyó a su enemigo unitario como un ser que había traicionado a la nación uniéndose a potencias extranjeras, como un Judas que había renegado de la religión cristiana, y como un sujeto perteneciente a las clases mercantiles que daba la espalda al pueblo campesino. Ser federal, por oposición, significaba sostener la independencia de la nación, apoyar a su gobierno legítimo, sostener a la Federación (es decir a las Provincias que habían firmado los pactos federales), y bregar por la igualdad social (en la ropa, en el trato y en el acceso la justicia)” (R. Salvatore).

La acusación de “anarquistas” tampoco se sostiene en la presunción de que en las provincias gobernadas por los federales no funcionaban los resortes administrativos o judiciales. En ellas era posible denunciar delitos o reclamar derechos y existían mecanismos que juzgaban y dictaminaban, como lo demuestran los innumerables documentos que hoy pueden consultarse en los archivos historiográficos.

Las posiciones divergentes estaban basadas en una interpretación distinta de la distribución de los recursos públicos.  Rosas, a pesar de su compromiso con la suerte de los intereses de los sectores populares y de las reivindicaciones provinciales, lo que le ganó el odio cerval de la oligarquía librecambista porteña, no dejó de ser un hombre del puerto y sostuvo su derecho a las rentas de la Aduana. Ello fue claro cuando en julio de 1830 se reunieron en Santa Fe los delegados de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes para discutir los términos de lo que habría de conocerse como el “Pacto Federal”, instancia reflejada en el excelente estudio preliminar de Rodrigo Rojas.  Su objetivo inmediato era llegar a una alianza para oponerse a la poderosa unión unitaria que nucleaba a San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Córdoba, bajo el “Supremo Poder Militar”  concedido el 31 de agosto de 1830 al general José María Paz.

En la convocatoria federal se plantea el tema del proteccionismo a la producción y a los cultivos del interior. Su principal promotor será Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, quien requirió a Rosas que modificara urgentemente la política de tarifas de Buenos Aires.  Ferré era un progresista que introdujo la primera imprenta en su provincia, estableció la circulación del papel moneda, implantó el sistema lancasteriano en la enseñanza y creó una escuela de primeras letras en cada cabeza de partido.

También presentó  la moción de nacionalizar los ingresos aduaneros y permitir la libre navegación de los ríos, declarando que debía autorizarse a otros puertos, además del de Buenos Aires, a operar directamente con el comercio exterior, disminuyendo así las distancias y costos del transporte hacia las provincias. Tales exigencias tradicionales del federalismo fueron acompañadas por otras: Rosas debía permitir a las provincias que participaran en el control del comercio exterior con el objeto de reemplazar el liberalismo económico porteño por una política proteccionista que promoviese la agricultura y la industria en las provincias prohibiendo la importación de productos que se obtenían en el país.

“Sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán, porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos (...) Las clases menos acomodadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben sino en el precio y disminuirán el consumo, lo que  no creo sea muy perjudicial.

“No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas ni lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropas hechas en extranjería pero en cambio empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos y no nos perseguirá la idea de la espantosa miseria a  que hoy son condenados”. En la Argentina, todavía sin conciencia de Nación, se comenzaban a discutir temas esenciales que aún hoy tienen acuciante actualidad.

José María Roxas y Patrón, el delegado porteño, replicó en un extenso memorándum afirmando la política de Buenos Aires. Los impuestos de protección, decía, golpeaban al consumidor y no ayudaban realmente a las industrias locales si éstas no eran competitivas y capaces de abastecer las demandas de la nación. La economía pastoral, base de la economía nacional, dependía de tierras baratas, bajos costos de producción y demanda de cueros por parte de los mercados extranjeros. La protección elevaría los precios, aumentaría los costos y dañaría el comercio de exportación. Los que podían beneficiarse con la protección, aparte de la economía ganadera, eran una pequeña minoría. El derecho porteño a la centralización aduanera se explicaba también, lo que no estaba lejos de la verdad, porque “es un hecho que

Buenos Aires paga la deuda nacional contraída por la guerra de la independencia y por la que últimamente se ha tenido con el Brasil”.
Años después don Juan Manuel cederá ante el reclamo proteccionista. De otra manera le hubiese resultado muy difícil mantener su condición de jefe federal. En la “Ley de Aduanas” del 18 de diciembre de 1835, Rosas introdujo una tabla arancelaria  significativamente elevada. Partiendo de un impuesto básico de importación del 17% las cifras aumentaban para dar mayor protección a los productos más vulnerables hasta alcanzar la absoluta prohibición. Las importaciones vitales, como el acero, el latón, el  carbón y las herramientas agrícolas pagaban un impuesto del 5%. El azúcar, las bebidas y productos alimenticios pagaban el 24%. El calzado, ropas, muebles, vinos, coñac, licores, tabaco, aceite y algunos artículos de cuero pagaban el 35%. La cerveza, la harina y las papas el 50%. Los sombreros estaban gravados en 13 pesos cada uno. Se prohibió la importación de un gran número de artículos, incluidos los textiles y productos de cuero; también de trigo cuando el precio local cayó por debajo de los 50 pesos por fanega.

Fue ésta una de las razones de la invasión europea a la Argentina en 1838 y 1845 para poner en caja a ese gobernante de un país lejano, pobre y desarmado que pretendía desobedecer las reglas de libertad de comercio que los imperialismos imponían al resto del mundo como dogma.