EL PACTO ROCA-RUNCIMAN 

A pesar de haber triunfado Gran Bretaña no salió indemne de la primera guerra mundial. En 1926 John Maynard Keynes, miembro de la Cámara de los Lores, antiguo diplomático y ministro liberal, anunciaba “no sólo el final del liberalismo económico y político sino la muerte del Imperio y el término de la misión civilizadora burguesa que Inglaterra ha cumplido en los tres últimos siglos». La gran crisis de la Bolsa estadounidense en 1929, con el descenso vertiginoso de valores y sus consecuencias en el mundo entero, significaron para Inglaterra la declinación de sus fundamentales industrias metalúrgicas, textiles y del carbón, el derrumbe de su capacidad de consumo y la conformación de una masa de un millón de desocupados. 

El dirigismo estatal sustituye entonces al clásico “laissez faire”, se poda el presupuesto de gastos sin afectar los gastos de la Corona, la armada y el ejército, se crean fuertes impuestos al capital y a la renta para mantener a los desocupados, se deja de lado el libre cambio con un gravamen del 10 por 100 a las importaciones y el 21 de septiembre de 1931 se abandona el patrón oro.

Las naciones angloparlantes que eran o habían sido colonia británica tratan de manejar en forma autónoma la crisis pero su economía dependiente sufre más que la de la metrópoli. Está claro que Londres debe hacer esfuerzos para salvar, por lo menos, la apariencia imperial. En diciembre de 1930 se elabora el «Estatuto de Westminster», que el Parlamento aprobará en noviembre de 1931, creándose la «Comunidad Británica de Naciones” (British Commonwealth of Nations) forma federativa del antes poderoso Imperio. Los Dominios, como pasarán a llamarse colonias y ex colonias, reclamaban que se les retribuyese la permanencia en el Imperio y fidelidad a la Corona. Con ese propósito, en julio de 1932 se reúnen los delegados del “Commonwealth” en Ottawa, bajo el lema «Home  produce first, empire produce second, foreign produce lest»,  primero la producción local, después la del Imperio y últimos los extranjeros.

Entre los acuerdos tomados en Ottawa estaba el de que el Reino Unido adquiriría  de preferencia la carne y trigo en los Dominios. No en la Argentina, hasta entonces principal proveedor. Ello alarmó con motivo a los productores agrícologanaderos argentinos que vieron amenazada la colocación de su producción. Saavedra Lamas, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Agustín P. Justo,  tramitó entonces una misión para que explicase en Londres los perjuicios que a la vieja amistad anglo-argentina y al capital inglés radicado en nuestro territorio produciría una disminución en las exportaciones de carne enfriada o “chilled”. La comitiva estaría conformada por Julio Roca (h), vicepresidente de la Nación, Guillermo Leguizamón, abogado bien visto de los ferrocarriles ingleses que pocos años después sería el único latinoamericano que podría anteponer el nobiliario «sir» a su apellido; Raúl Prebisch, técnico en economía, y Miguel Angel Cárcano, diputado nacional y experto en ganadería.

Roca, del otro lado del mar, hizo gala de obsecuencia que agredió el sentimiento nacional de muchos en Argentina: «Ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio británico». Funcionarios y empresarios ingleses lo escucharon porque les interesaba que llegase carne argentina, mas barata y de mejor calidad que la del Commonwealth; y sobre todo que no se afectasen sus intereses en Argentina donde tenían invertidos de 500 a 600 millones de libras. 

La contraparte británica en las negociaciones estuvo encabezada por el ministro de Comercio inglés, Walter Runciman. Este fue presionado por la Cámara de Comercio británica con el propósito de “descongelar” 150 millones en pesos argentinos bloqueados desde el control de cambios impuesto en nuestro país en 1931, tema que los británicos plantearon como esencial contra la opinión inicialmente adversa de los argentinos. La discusión duró tres meses y dio como resultado la “Convención accesoria del Tratado de Paz y Amistad para acrecentar y facilitar el intercambio comercial entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda”, que comprendía un cuerpo principal, un protocolo adicional y una convención arancelaria. 

Entre las cláusulas principales, el Reino Unido aseguraba a la Argentina una cuota de importación de las existencias de “chilled” no inferior a las cantidades exportadas por la Argentina  a los  británicos entre julio de 1931 y junio de 1932, y que habían ascendido a 390.000 toneladas; se previó un sistema para la recuperación paulatina de los fondos bloqueados, con lo que decidía sobre el tema de los cambios con un interés del 4 % anual según lo pactado para los saldos impagos favorables a Gran Bretaña, interés que en realidad ascendía al 14%; y licencias de importación que el gobierno inglés concedía y controlaba de tal modo que un 85% de la cuota de importación quedaba en manos de los frigoríficos ingleses y norteamericanos. Este tema fue objeto de polémicas estridentes, pues afectaba la capacidad de control del gobierno argentino sobre su comercio exterior. Los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, ganaderos de Entre Ríos perjudicados por el acuerdo, publicaron entonces un texto fundacional del revisionismo histórico, “La Argentina y el imperialismo británico”. 

No terminó allí la negociación. Se resolvió que la totalidad de libras que Inglaterra debía pagar por el “chilled”, descontados 12 millones de pesos argentinos que irían a Estados Unidos para servicios de empréstitos de allí, serían considerados “remesas corrientes» y no sujetas al control. Esto produjo la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Hueyo, «en disidencia con sus estipulaciones», siendo sustituido por Federico Pinedo.

El pacto Roca-Runciman dejaba que los frigoríficos exportadores eligieran a los productores que les vendieran la cuota de carne y fijaran el  precio de la compra, por lo que tenían derecho a favorecer a los productores nativos que les fueran más convenientes. Por ejemplo a funcionarios del gobierno, muchos de ellos estancieros. Esto fue el origen del discurso del 1º. de septiembre de 1934 en el que Lisandro de la Torre pidió en el Senado que se investigasen los precios pagados por los frigoríficos a personajes vinculados a la política oficial.

En noviembre se nombra la comisión investigadora integrada por de la Torre, Landaburu y Serrey cuyas conclusiones resultaron contundentes. Las acusaciones de de la Torre, quien también era liberal como los cuestionados pero defendía a ultranza la ética en las instituciones públicas, se dirigieron fundamentalmente en contra del ministro de Agricultura, Duhau, y de Pinedo. El 23 de julio de 1935, en un tumulto originado por la agresión física de Duhau en contra de don Lisandro, resultó muerto de un disparo Enzo Bordabehere, también senador, quien cubrió con su cuerpo a de la Torre de la agresión del guardaespaldas ministerial Valdez Cora. A ello seguirá el duelo a pistola entre Pinedo y de la Torre y, por fin, el suicidio de don Lisandro. 

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.